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ANTECEDENTES

  • 2 dic 2015
  • 2 Min. de lectura

La crisis de deuda de 1980.

En Agosto de 1982, detonaría una crisis que se había venido gestando como resultado de una cadena de decisiones erróneas cometidas esencialmente por las autoridades gubernamentales mexicanas y la banca privada internacional. Durante el sexenio de José López Portillo, (1976-1982), se observó una clara inclinación de parte del gobierno por preferir obtener recursos mediante el endeudamiento con organismos bancarios internacionales, en lugar de recurrir a préstamos proporcionados por fuentes oficiales. Aunada a esta preferencia por el endeudamiento con la banca privada internacional, se dio un crecimiento abrumador de la deuda contraída, ya que tan sólo en 1981, el sector público contrató un nivel de deuda equivalente al que se había acumulado hasta 1977. La Política de endeudamiento oficial no es la solución para lograr un desarrollo económico sano.

Si a la situación previa se le agrega que para 1981, la renta petrolera disminuiría su aportación a las arcas nacionales debido a la caída del precio del crudo, entonces la situación se volvía cada vez más complicada. La lógica parecía indicar que al existir menos presupuesto, entonces los gastos se debían de adecuar a la nueva situación, sin embargo, el gobierno no optó por reducir el gasto público, lo cual tan solo contribuyó a inflar aun más la burbuja de endeudamiento que habría de estallar en Agosto de 1982.

Por su parte, la banca privada internacional, también propició llegar a esta crisis al seguir suministrando créditos al país pero a tasas de interés cada vez mayores, reforzando así la espiral nociva del endeudamiento del gobierno mexicano.

La irresponsabilidad de ambas partes en la gestación de la crisis no fue reconocida por el gobierno, ya que al ser tiempos electorales y a manera de maniobra política se optó por “atribuir a los fenómenos externos, las causas fundamentales de la crisis de la deuda, ya que de esa manera se evitó la reflexión sobre el proceso de toma de decisiones a nivel gubernamental y los graves costos sociales que eso conlleva”

 
 
 

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